Introducción 

La pobreza de más de la tercera parte de la población atenta contra el bienestar de las personas e inhibe el ejercicio de derechos sociales a la educación, a la salud, a la protección y seguridad social, a la vivienda digna, a la alimentación, en sus niveles más básicos y peor aún, para quienes viven en pobreza extrema.  

La pobreza tiene raíces estructurales en la economía y en las acciones de los gobiernos. 

Las nuevas cifras sobre ingresos y pobreza de Inegi y Coneval muestran resultados positivos y negativos, reflejan condiciones estructurales y también efectos de acciones recientes. 

Hay una reducción en la pobreza que siempre será buena noticia. La pobreza bajó del 42% al 36% de la población, entre 2018 y 2022.

Pero no es momento de triunfalismo. Resaltamos tres realidades graves que requieren atención

  • La pobreza extrema en México que afecta a 9 millones 103 mil personas se mantiene en niveles inaceptables, y no se redujo entre 2018 y 2022.
  • La pobreza de la población indígena se mantiene aún muy alta. Dos de cada tres personas indígenas son pobres (65%). Esta es una condición crónica y estructural causada por condiciones de exclusión y aislamiento histórico.
  • La pobreza que afecta a casi la mitad de las niñas, niños y a la tercera parte de las y los jóvenes tiene efectos de mayor duración, especialmente cuando se combina con el rezago educativo, pues reproducen la pobreza al futuro y atrapan a las personas en su vida adulta, crean barreras a su movilidad social y al ejercicio de derechos.

En síntesis: las estructuras que producen pobreza no se han transformado y algunas decisiones recientes han empeorado la situación.

Frente a la pobreza y sus causas estructurales, se requieren acciones de los gobiernos y de la sociedad. Este momento es especialmente importante además, pues como sociedad civil podemos incidir en los planes y las prioridades de quienes asumirán los nuevos cargos en los gobiernos y en el Congreso, a nivel federal y local.

En el campo gubernamental, es indispensable establecer ya una política de Estado que garantice, respete, proteja y promueva los derechos humanos con equidad e inclusión, conforme al mandato del art. 1º constitucional: Construir un país con derechos.

Para lograr un México sin pobreza, urge garantizar políticas de Estado para el cumplimiento de derechos, como:

  • Derecho al trabajo digno y al emprendimiento productivo
  • Derecho a la educación
  • Derecho a la salud
  • Derecho al cuidado y la protección social
  • Derecho al medio ambiente sano y al cuidado de la riqueza natural para las futuras generaciones
  • Interés superior de la infancia como principio de todos los derechos

Análisis de causas y condiciones estructurales

Compartimos ahora las principales conclusiones de nuestro análisis, que invitamos a leer para ampliar la información:

Derecho al Trabajo y carencia de ingreso suficiente y de acceso a la seguridad social

Los bajos ingresos y la carencia de seguridad social reflejan una condición estructural que se deriva del sistema laboral. 

Por una parte, hay 25 millones de personas excluidas, sin acceso a trabajos remunerados

Por otra parte, entre quienes trabajan, más de la mitad tienen trabajos “informales” es decir sin acceso a la seguridad social, que sigue siendo la carencia social más alta desde que inició la medición multidimensional de la pobreza de Coneval en 2008.

Además, al menos 6 de cada 10 personas trabajan y carecen de ingreso suficiente para superar el umbral de pobreza familiar, es decir ganan menos del costo de dos canastas básicas.

La paradoja es que la mejora del ingreso laboral es el motor y causa principal de la reducción de la pobreza entre 2018 y 2022

Derecho a la educación y rezago educativo

El rezago educativo producido por el abandono escolar de jóvenes sin concluir la educación media superior (EMS), junto el bajo desempeño educativo de niñas, niños y jóvenes de los hogares de menores ingresos son tendencias estructurales que no han sido atendidas efectivamente.

Las becas no han logrado revertir el abandono sin concluir el bachillerato (EMS) y carecen de efecto sobre el aprendizaje educativo. 

A estas situaciones estructurales, se suma ahora la emergencia educativa producida por la pandemia, con dos efectos graves de largo plazo para quienes los padecen: (i) fuertes déficits de aprendizaje para niñas y niños en la educación pública, durante la fase de cierre de escuelas y (ii) abandono escolar de jóvenes que ya no regresaron a estudiar, al terminar la fase de aislamiento. Esta última situación se refleja en el incremento del rezago educativo captado en la medición de la pobreza de Coneval, concentrada en jóvenes, que sumaron 1 millón 489 mil jóvenes más entre 2018 y 2022, para un total de 8 millones 445 mil jóvenes con rezago educativo.

La emergencia educativa por la pandemia no ha tenido respuesta alguna de las autoridades educativas, lo que afecta sobre todo a quienes viven en pobreza y hogares de menor ingreso y mayor rezago social. 

Y además se abrió un nuevo componente de la crisis educativa con los nuevos libros de texto. Más allá de su intención estos libros presentan fallas de origen, de contenido y de implementación, que añaden nuevos problemas a la deteriorada calidad educativa que reciben niñas, niños y jóvenes de los hogares en pobreza.

Derecho a la salud y carencia por acceso a servicios de salud

La carencia de acceso a servicios de salud tiene raíces estructurales pues el acceso vinculado a la condición laboral segmenta y excluye a más de la mitad de la población. Crea una condición de discriminación estructural a las personas que no pueden acceder a servicios de salud por su trabajo.

Esta situación estructural que viene de 1943, se agravó por la decisión de desaparecer el modelo anterior de financiamiento y prestación de servicios de salud para población sin seguro social. Se revierte la descentralización a los gobiernos estatales y ofreciendo cobertura universal en el papel, sin incrementar el presupuesto para la salud, que no subió ni en el peor momento de la pandemia de Covid-19.

El gobierno ha reconocido el fracaso del INSABI creado en 2019 y ahora busca una nueva ruta para avanzar a través del IMSS Bienestar.

Otros indicadores de acceso efectivo a la salud, como el crecimiento del gasto de bolsillo, la reducción de la atención en servicios médicos públicos, el desabasto de medicamentos y el incremento de la mortalidad evitable, confirman la crisis del sistema público de salud, que va más allá del incremento reflejado en la carencia por acceso a salud en la medición de Coneval.

Propuestas 

Presentamos propuestas en tres apartados: cambios estructurales, estrategias prioritarias y acciones urgentes de emergencia. Las presentaremos en fechas próximas a quienes aspiran a cargos de elección, tanto a nivel federal, como local.

Cambios estructurales

Ante esta realidad, para construir un México sin pobreza y con derechos, se requieren al menos dos cambios estructurales:

  1. Transitar del paradigma de crear empleos con salarios bajos y sin derechos laborales a un nuevo modelo laboral que vincule la mejora en la productividad con la mejora de las remuneraciones y los derechos laborales, mediante el diálogo social y la concertación. 
  2. Crear un sistema universal de protección social, progresivo y no condicionado al trabajo, un sistema que construya un piso garantizado de derechos sociales, para todas las personas y que incluya al menos:
    • Acceso efectivo y universal a servicios de salud, con enfoque preventivo y centrado en las personas.
    • Acceso a servicios de cuidado para niñas, niños y otras personas que los requieren (enfermas, con discapacidad, adultas mayores).
    • Ingreso garantizado para personas sin trabajo o que no pueden trabajar.

Estrategias prioritarias

Para enfrentar las barreras de desigualdad, erradicar la pobreza extrema y superar las condiciones de exclusión y precariedad, también proponemos 5 estrategias prioritarias: 

  1. Salario mínimo suficiente para cubrir dos canastas básicas e incentivos para el impulso del sector empresarial al ingreso digno 
  2. Sistema nacional de cuidados con infraestructura suficiente. Y en el caso de estancias infantiles, con programas de Desarrollo Infantil Temprano y Educación Inicial.  Considerando también la recuperación y ampliación de Escuelas de tiempo completo.
  3. Política de empleabilidad para jóvenes, que articule el fortalecimiento de los sistemas terminales técnicos de EMS, la creación de la opción de 2ª oportunidad de EMS para jóvenes con rezago educativo y un programa de aprendices y primer empleo que combinen el desarrollo de habilidades blandas y la capacitación técnica. 
  4. Fondos y apoyos para el fomento a la economía social y al emprendimiento productivo, especialmente en proyectos de economía circular y cuidado de los recursos naturales, economía del cuidado y otras acciones sociales esenciales.
  5. Padrón único de beneficiarios de los Programas de transferencias monetarias, para que sean asignadas con transparencia, con acceso garantizado a hogares y personas en pobreza y con mecanismos de blindaje contra los sesgos políticos y captura.

Acciones de emergencia

También urgen 5 acciones de emergencia frente a realidades muy graves:

  1. Programas urgentes de regularización y recuperación de aprendizajes, con base en evaluaciones sobre los efectos del cierre escolar por la pandemia.
  2. Programa de “regreso a la escuela” para niñas, niños y jóvenes que no regresaron a las aulas en los ciclos escolares desde 2020-21, incluyendo a quienes no regresen en el ciclo 2023-24 que inició este lunes
  3. Integración operativa de servicios públicos de salud (iniciando por los  del IMSS con el IMSS Bienestar) para garantizar la atención de la población sin distinción, para detectar y controlar las enfermedades que son las principales causas de mortalidad (hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad) 
  4. Garantizar el abasto completo y oportuno de medicamentos a todas las unidades de salud y recuperar la cobertura del programa de vacunación cercana al 100%
  5. Evitar el uso clientelar y político de los programas sociales de transferencias de los tres órdenes de gobierno

Mensaje final

México no es un país pobre, es una economía de ingreso medio alto, con gran capacidad productiva y exportadora. La cantidad y proporción de personas en pobreza aún son inaceptables. La reducción de la pobreza demuestra que es posible avanzar más y más rápido mejorando el ingreso laboral.

La ruta para lograr un México sin pobreza y con derechos es una tarea que nos convoca a todas y todos. En esta tarea no debe haber distinción de partidos, ideologías o intereses, debe ser la prioridad de los gobiernos y la sociedad.

Agosto 31, 2023